La justicia transicional ha significado nuevos paradigmas para las sociedades en América Latina y el Caribe. Inicialmente asociada a procesos post dictatoriales o de recuperación de las guerras civiles, asistimos a una nueva ola de demandas de justicia transicional como herramienta para la renovación del contrato social. En especial, las nuevas demandas ponen énfasis en abordaje de violaciones de derechos humanos, bajo cualquier tipo de gobierno. Así, en un primer momento la justicia transicional buscaba instaurar mecanismos para establecer las instituciones que velarían por mayor respeto al Estado de Derecho justo e inclusivo. Hoy, hay un llamado más amplio a apoyar las transformaciones necesarias y urgentes de las instituciones de justicia y seguridad, para dar voz a las víctimas de violaciones estructurales de derechos humanos y trabajar porque estos hechos nunca vuelvan a repetirse.
La base de la generación de las reglas del juego descansa en la capacidad de las sociedades en generar espacios de consensos dentro del marco del Estado de Derecho. El contexto de la pandemia de salud - que se convirtió en una crisis de gobernabilidad, ha impactado en los procesos de justicia de transición al centrar los Estados sus esfuerzos en otras prioridades urgentes para frenar la propagación del virus. La justicia también se puso en “cuarentena” ante las restricciones sanitarias. Esto conlleva a que los esfuerzos de justicia de transición cobren mayor relevancia para la recuperación del contrato social.
Y los aprendizajes de los procesos de justicia transicional son clave en la fase de recuperación, persiguiendo la no repetición y sistematizando experiencias para prepararnos para nuevos desafíos. Sin justicia no puede haber paz duradera. La reconciliación debe estar al centro de los esfuerzos para promover la paz y el desarrollo humano sostenible. El compromiso de los gobiernos de no dejar a nadie atrás establecido en la Agenda 2030 se está poniendo a prueba a medida que los efectos devastadores de las desigualdades se manifiestan en tiempo real. El apoyo a los procesos de justicia de transición es esencial para garantizar los derechos de los más vulnerables, la rendición de cuentas y fomentar la cohesión social.
El PNUD lleva más de una década apoyando procesos de justicia transicional para crear sociedades más pacíficas, justas e inclusivas. Este trabajo se hace desde una perspectiva de inclusión y desarrollo sostenible; centrándose en potenciar las capacidades nacionales y transformar los sistemas de justicia y seguridad donde se requiere.
El PNUD apoya experiencias que integran el compromiso de la víctima, procesos participativos de diseño, implementación y evaluación de estrategias nacionales. Apoya también procesos de búsqueda de la verdad, la creación de instituciones para promover la rendición de cuentas, los programas de reparación, el trabajo con las organizaciones de sociedad civil y defensores/as de derechos. El apoyo se centra en el aumento de las capacidades institucionales, impulsando la agenda de derechos humanos para apoyar las garantías de no repetición.
Recientemente PNUD lanzó el informe global “De la justicia para el pasado a la paz e inclusión para el futuro: un enfoque de desarrollo de la justicia transicional”. Se trata de un ejercicio global en el que se resaltan aprendizajes de procesos de construcción de paz desde una perspectiva de inclusión y desarrollo sostenible y del cual América Latina y el Caribe aportó.
Colombia, Guatemala, Perú tienen experiencias de transformaciones institucionales y conocimiento para la ciudadanía para promover la justicia, reparación, memoria y la no repetición de las atrocidades del pasado. Relevancia especial toman estas experiencias, en el contexto político y social latinoamericano – impactado por la pandemia de la COVID -19 y la crisis de gobernabilidad.
En este contexto, PNUD en el Reporte Gobernanza Efectiva más allá de la recuperación, refleja principios del NO uso de la violencia como mecanismo de negociación entre actores políticos y sociales, repensar las reglas del juego y redefinir los contratos sociales basados en una justicia inclusiva. Las alianzas estratégicas con socios clave de Naciones Unidas, tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres y misiones de paz son parte esencial de estos esfuerzos.
El país representa un caso simbólico del apoyo integral de PNUD al acceso a la justicia para las víctimas, tras los Acuerdos de Paz (2016) entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esto se logra a través de los diversos mecanismos de justicia transicional establecidos en el país.
Una importante contribución de la organización fue el apoyo para el alistamiento temprano de los tres componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición meses antes de que se institucionalizaran oficialmente como entidades estatales autónomas: la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En alianza con la Jurisdicción Especial para la Paz, el PNUD acompaña la representación judicial de las víctimas en todos los macro casos priorizados por la magistratura, que incluyen casos de secuestros, reclutamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos. Este trabajo es coordinado con 16 organizaciones de la sociedad civil y ha beneficiado a un total de 2.283 víctimas individuales y 277 colectivos.
"PNUD ha apoyado a la Jurisdicción Especial para la Paz a través de tecnología de punta destinada a la recolección de testimonios en los territorios y a la transmisión en vivo de audiencias, esto permitió el proceso posterior de trabajo en medio de la pandemia del covid-19 y el apoyo a las sedes de la fiscalía para su despliegue territorial” “Asimismo ha apoyado los procesos dialógicos y la atención y protección con la unidad de investigación y acusación”. Harvey Suárez, subsecretario Ejecutivo, Jurisdicción Especial para la Paz (Colombia).
También se ha apoyado a la Comisión de la Verdad en la ejecución de más de 60 espacios de diálogo y reconocimiento en todo el país con víctimas, autoridades y organizaciones de la sociedad civil, así como la recolección de testimonios que permitieron la contribución de aproximadamente 9.000 personas. Con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el PNUD apoyó el despliegue territorial, la estrategia de comunicaciones, y actualmente asiste la ejecución de los Planes Regionales de Búsqueda.
Adicionalmente, el trabajo conjunto entre PNUD y la Unidad para las Víctimas del Gobierno de Colombia desde 2017 ha permitido la implementación de medidas de reparación colectiva y esquemas de retornos y reubicaciones para población desplazada. Hasta la fecha el PNUD ha apoyado la implementación de 143 medidas de reparación colectiva atendiendo a cerca de 71.000 personas, contribuyendo así a resarcir impactos colectivos del conflicto y restaurar los derechos de las víctimas.
En Guatemala, a través del Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición (PAJUST) el PNUD apoyó al proceso de restauración de la paz sostenible, posterior al enfrentamiento armado interno (1960- 1996). PAJUST ha reforzado la capacidad de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público para promover investigaciones sobre la violencia sexual desde una perspectiva de género.
Un hecho histórico ha sido el apoyo legal, psicosocial e interdisciplinario al caso Sepur Zarco – en donde junto a Mujeres Transformando el Mundo y al Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, como parte de la Alianza Rompiendo el Silencio or primera vez en Guatemala un tribunal condenó la esclavitud sexual y doméstica como crimen de guerra para el caso Sepur Zarco
"Aprendimos a dejar el miedo atrás" - Ana Laínez, maya ixil, sobreviviente del enfrentamiento armado interno
Para el PNUD ha sido un privilegio contribuir a las garantías de no repetición desde esfuerzos orientados a impulsar la enseñanza de la memoria histórica y la cultura de paz en procesos educativos. A través de una alianza con el Ministerio de Educación, la Mesa Técnica de Educación para la Paz, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH,) se implementó un plan piloto de una nueva estrategia de educación para la ciudadanía (2016). En este plan más de 600 docentes de 90 centros educativos, en 7 departamentos del país, formaron parte de la iniciativa. El mismo benefició alrededor de 15.700 estudiantes de escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos. Durante la pandemia de COVID-19, se diseñaron Guías de autoaprendizaje y un Diplomado virtual en el que participaron más de 300 docentes.
Un aspecto importante de los procesos de justicia de transición, son las reparaciones individuales y colectivas para víctimas de procesos de violaciones masivas de derechos humanos
En Perú, como parte del programa nacional de justicia transicional, en 2005 se promulgó un Plan Integral de Reparaciones. Este incluye programas para la construcción y adjudicación de viviendas , saneamiento legal de propiedades, becas para la educación superior, reserva de vacantes en universidades e institutos públicos, atenciones en salud física y mental a través del seguro integral de salud, actos de disculpas públicas y promoción de espacios de memoria; así como el desarrollo de proyectos productivos y de infraestructura elegidos por comunidades y organizaciones de desplazados no retornados.
Como resultado de este enfoque integral de reparaciones, hasta la fecha, 108.771 víctimas individuales y 3.681 comunidades y organizaciones han recibido reparaciones en educación, salud, vivienda, económicas, simbólicas y colectivas por alrededor de 294 millones de dólares.
El 11 de junio de 2021 se aprobó el trigésimo primer listado de beneficiarios civiles, militares y policiales del Programa de Reparaciones económicas, que reconoce a 191 víctimas del período de violencia entre los años 1980 y 2000.
Luego de un largo proceso de violencia en el país -y las consecuentes violaciones masivas de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, homicidios y uso excesivo de la fuerza militar y policial- México ha propuesto un nuevo enfoque, que incluye instrumentos de justicia transicional innovadores y con enfoque local.
La nueva Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, representa un avance hacia el desarrollo de la cultura de la paz en México. Dos importantes mecanismos de justicia transicional se destacan en esta Estrategia. Por una parte, incluye una Ley de Amnistía que establece la excarcelación de personas privadas de libertad para casos específicos y de menor peligrosidad, enfrentando así un foco problemático de altas tasas de encarcelación en relación con la lucha contra el narcotráfico. Segundo, se incorpora la Estrategia de desarme voluntario titulada “Sí al desarme, sí a la paz”, que busca sensibilizar sobre el riesgo que representa el uso de armas de juego, disminuir su posesión entre la población civil y fomentar una cultura de paz, corresponsabilidad y no violencia en el territorio nacional. Para acompañar la correcta implementación en el territorio de este último mecanismo, el PNUD en México elabora un manual metodológico basado en las buenas prácticas identificadas en otros países de América Latina.
“No se trata de ganar una guerra, se trata de ganar la paz”, Rosa Icela Rodríguez, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Treinta años después de la invasión militar acontecida en Panamá en 1989, continúa el proceso para registrar y visibilizar los hechos acontecidos, dignificar a las víctimas y, sobre todo, construir una memoria colectiva para la no repetición.
La pieza fundacional de este proceso ha sido el establecimiento de la Comisión 20 de diciembre de 1989: por la Verdad, la Memoria y la Justicia, compuesta por un grupo interdisciplinario que tiene como objetivo contribuir al esclarecimiento de los hechos, el pleno conocimiento del número e identidad de las víctimas y las graves violaciones de derechos humanos sufridas durante la invasión, y recomendar las medidas de reparación y reivindicación pertinentes. Un primer paso ha sido crear el registro único de víctimas, un padrón histórico sobre las víctimas de estos acontecimientos.
El PNUD y la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos conjuntamente apoyaron el diseño y puesta en marcha de la comisión, que nace de un proceso de construcción colaborativa liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la sociedad civil, con el objetivo de apoyar a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y a los equipos técnicos de investigación para el esclarecimiento de los hechos y recuperación de la verdad que contribuya a la rendición de cuentas, justicia y preservar la Memoria Colectiva de Panamá.
Los procesos de justicia transicional no son lineales y conllevan una visión y planificación estratégica a largo plazo. En estos contextos dinámicos las estrategias de justicia transicional ofrecen un conjunto de herramientas que pueden adaptarse para apoyar a las sociedades a superar el legado de las violaciones masivas de los derechos humanos y a reconstruir comunidades resilientes. En muchos casos, esto incluye abordar la impunidad y la reparación de la impunidad y la reparación de los abusos del pasado, la creación de la confianza entre la población y el Estado, abordar las injusticias sociales, incluida la desigualdad de género, y el fomento de la tolerancia y la convivencia pacífica.
Estas experiencias son la muestra que la región se embarca hacia un proceso de justicia transformadora, que incluya sistemas de justicia más inclusivos y centrados en las personas para “no dejar a nadie atrás”. El PNUD apoya procesos que fomenten el desarrollo, a través de mecanismos específicos de justicia transicional, y a la vez, promoviendo políticas nacionales que aborden los problemas estructurales que originan las desigualdades y las subsecuentes transgresiones a los derechos humanos en la región.
En el contexto actual latinoamericano de recuperación ante las consecuencias económicos, sociales y políticas expuestas por la pandemia de la COVID-19, la justicia transicional transformadora es una pieza clave para la reconstrucción del contrato social. Esto, porque “todo está guardado en la memoria”.
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