Cada 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres nos reafirma que la igualdad se manifiesta en la capacidad real de las mujeres y niñas de ejercer y gozar plenamente de sus derechos, transformando así sus vidas y las de sus comunidades. En 2026, bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, el foco está en cerrar la brecha entre los compromisos jurídicos y la experiencia diaria de millones de ellas en América Latina y el Caribe, especialmente para quienes enfrentan mayores desigualdades estructurales. El acceso a la justicia, entendido como la posibilidad real de prevenir violencias, reclamar derechos y obtener reparación, es hoy uno de los principales desafíos para la igualdad de género en la región.
En América Latina y el Caribe, este desafío se aborda en un momento clave de actualización regional. La revisión de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad ha incorporado con mayor claridad la perspectiva de género, la interseccionalidad y el reconocimiento del trabajo de cuidados como factor de desigualdad. Paralelamente, avanza el proceso hacia un Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, que busca consolidar estándares regionales vinculantes y fortalecer la cooperación entre sistemas judiciales para garantizar respuestas más inclusivas y eficaces.
Al mismo tiempo, la prioridad de la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) es "garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas, promoviendo sistemas legales inclusivos y equitativos y eliminando leyes, políticas y prácticas discriminatorias". Esta temática dialoga con la revisión sobre la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida pública y la eliminación de la violencia, recordando que no hay democracia sólida sin instituciones que respondan con debida diligencia y sin mujeres que puedan incidir en las decisiones que las afectan. Conoce más sobre nuestra participación en la CSW70 aquí.
En este marco, el PNUD en América Latina y el Caribe, junto a gobiernos, sociedad civil y actores judiciales, y con el apoyo de socios estratégicos y donantes como el Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz (PBF), el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), AGFUND (Programa Árabe del Golfo para las Organizaciones de Desarrollo) y el Global Programme on Rule of Law, Human Rights, Justice & Security (GP4), acompaña a los países de nuestra región en la transformación de sus sistemas de justicia, fortaleciendo instituciones, promoviendo el liderazgo de las mujeres, impulsando reformas normativas, desarrollando herramientas técnicas con enfoque interseccional y acercando servicios a las comunidades.
Las iniciativas que se presentan a continuación reflejan que avanzar hacia la igualdad y garantizar derechos implica transformar relaciones de poder, para que la justicia actúe de manera sostenida y ninguna mujer ni niña se quede atrás.
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